El Gobierno Nacional, a través de un anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó modificaciones clave en el sistema antidumping mediante el decreto 33, vigente desde el 15 de enero. Estas reformas buscan mejorar la competencia en el mercado local y reducir los precios de productos que han estado protegidos por estas medidas durante décadas.
Reducción de plazos y simplificación administrativa
Uno de los cambios más destacados es la reducción de la vigencia de los derechos antidumping, que pasará de un máximo de cinco años con renovaciones ilimitadas a tres años, con una única posibilidad de extensión por dos años más. Además, los trámites, que antes involucraban a múltiples dependencias, ahora se centralizarán en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, agilizando el proceso.
El ministro Caputo también destacó que las investigaciones previas a la implementación de medidas antidumping tendrán un plazo máximo de 8 meses, en lugar de los 12 meses que se requerían anteriormente.
Impacto en los precios de productos clave
Caputo utilizó ejemplos como bicicletas, planchas eléctricas y calefactores para ilustrar cómo las antiguas normas antidumping han elevado los precios de manera significativa. Según sus declaraciones, el costo de una plancha en Argentina supera los $100.000, mientras que en Europa su precio es menos de la mitad. En tanto, los calefactores nacionales alcanzan los $30.000, en contraste con los $27.000 en Brasil.
Participación de entidades clave
Para garantizar que las decisiones consideren tanto el interés público como el de los consumidores, la reforma incluye la colaboración de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor en el análisis de casos.
“Con esta medida, no solo fomentamos la competencia, sino que también devolvemos a los derechos antidumping su propósito original de proteger sin perjudicar al consumidor”, afirmó el ministro.
Hacia un comercio exterior más transparente
Con esta reforma, el Gobierno busca equilibrar el comercio exterior y beneficiar tanto a los consumidores como a las industrias que dependen de insumos importados. Estas medidas representan un paso hacia un mercado más competitivo y con precios más justos para todos.